Sí, las autoridades españolas pueden iniciar un proceso de extradición en un tercer país que tenga acuerdo de extradición con España y con el país donde se encuentra la persona buscada.

También es posible que los países se basen en sus propias leyes nacionales para proceder con la extradición.

- Cuba: Aunque España y Cuba mantienen relaciones diplomáticas, no existe tratado de extradición entre ambos países.

A nivel internacional se están promoviendo acuerdos y convenios para mejorar la cooperación judicial entre países, así como el intercambio de información y la armonización de las leyes y procedimientos penales.

Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

– Debe tenerse en cuenta que sin Tratado los países pueden hacer valer el efecto de la reciprocidad para facilitar la entrega.

En este sentido, dentro del régimen jurídico de la extradición, concurren tratados bilaterales en los que cada Estado tiene la potestad de establecer sus normas internas relativas a la extradición; Tratados internacionales y normas de Derecho interno.

En estos casos, España puede solicitar la colaboración de las autoridades de estos países para que detengan y deporten a estas personas, aunque la decisión closing dependerá de la voluntad política de cada país.

Para conocer más detalles acerca de lo que implica un proceso de extradición en España, o realizar una consulta con abogados especialistas en extradiciones, contacte con nuestro despacho Jesús Becerra abogados.

Según la información legal real, no existen países que no tengan tratado de extradición con España. España ha firmado acuerdos bilaterales o multilaterales de extradición con la mayoría de los países, lo que facilita la cooperación en la entrega de personas buscadas por la justicia.

Una vez recibida la solicitud, un juez español evalúa si se cumplen los requisitos para proceder con la extradición. Se paises sin extradicion con españa consideran factores como la gravedad del delito, el respeto a los derechos humanos, la doble incriminación (es decir, que el delito esté tipificado en ambas legislaciones) y la posible existencia de motivos políticos.

Ante la imposibilidad de recurrir a la extradición convencional, España y los países en cuestión pueden explorar alternativas legales y diplomáticas. Estas alternativas pueden variar desde acuerdos advert hoc hasta la utilización de organismos internacionales de cooperación policial, como Interpol.

Además, puede dificultar la cooperación judicial entre España y estos países en otros ámbitos, como la investigación de delitos transnacionales.

La falta de extradición se refiere a la negativa de un país a entregar a una persona solicitada por otro país para ser juzgada o cumplir una condena. En este sentido, cuando un país se niega a conceder la extradición, significa que no está dispuesto a colaborar con la justicia de otro país para que el acusado sea llevado ante los tribunales correspondientes. La falta de extradición puede darse por diferentes motivos: